Un tercio de la plantilla de la Guardia Civil de Altea se ha dado de baja laboral al mismo tiempo en solidaridad con una compañera que ha sido sancionada por llegar unos minutos tarde a su puesto de trabajo, según ha podido saber este diario por fuentes próximas al cuartel de esa localidad. El motivo de dicho retraso, y el consiguiente expediente disciplinario, ha encrespado sobremanera los ánimos entre los agentes: la sancionada debía llevar a una residencia a su madre discapacitada para poder incorporarse a su puesto laboral.
A mediodía de ayer, al menos 20 de los 63 guardias destinados en el citado puesto ya habían comunicado sus bajas laborales, amparadas al parecer por los correspondientes partes facultativos.
La situación no es del todo nueva porque, según las fuentes consultadas, la teniente que ejerce la jefatura del puesto ya había realizado una advertencia o una propuesta de sanción similar contra la afectada con anterioridad.
Los agentes consideran que ese retraso de sólo unos minutos no «debería ser si quiera motivo de apercibimiento» y llaman la atención sobre la particular forma en que su superiora entiende la tan manida conciliación de la vida familiar y laboral.
Una circunstancia que ha añadido más leña al fuego y desatado esta 'rebelión solidaria' en el cuartel es la condición de dependiente de la madre de la funcionaria expedientada. La sanción, en principio, es de tres días de pérdida de haberes (suspensión de sueldo y de funciones por ese tiempo).
El artículo 28 de la Ley Orgánica 11/2007, que regula los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, reconoce la necesidad de que se tenga en cuenta la conciliación de la vida laboral y familiar a la hora de determinar la jornada y el horario de trabajo.
Pero al mismo tiempo el régimen disciplinario del Instituto Armado, que entró en vigor en enero de 2008, recoge como falta leve «el incumplimiento del horario de servicio o la falta de puntualidad en los actos de servicio, sin causa que lo justifique». Esa infracción puede ser sancionada con una mera reprensión o con la pérdida de uno a cuatro días de haberes con suspensión de funciones.
Una gran parte de los guardias que trabajan en el cuartel de Altea opina que su compañera sancionada ha sido víctima de una aplicación injusta de ese reglamento porque se ha obviado por parte de la superioridad la difícil situación familiar a la que debe hacer frente cada día y los esfuerzos que requiere compaginarla con su trabajo.
Este diario se puso en contacto ayer tarde con un portavoz de la Comandancia de Alicante para recabar la versión de la institución, pero al cierre de esta edición no se había producido reacción oficial alguna.
